Saludos cordiales.
La democracia moderna busca garantizar la libertad, la igualdad y la participación de todos los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica muchas veces no cumple plenamente con esos objetivos. Los partidos políticos, que deberían representar al pueblo, suelen concentrar el poder en pocas personas y actuar según sus propios intereses. El poder judicial, que tendría que ser independiente, a veces está influido por decisiones políticas, lo que debilita la justicia y la confianza en las instituciones.
La prensa, que debería informar con libertad y vigilar al poder, también enfrenta problemas cuando depende del dinero de grandes empresas o del gobierno. Esto puede hacer que la información se manipule y que los ciudadanos no tengan una visión clara de la realidad.
Además, la burocracia y las regulaciones excesivas hacen difícil que la gente acceda a derechos básicos como la vivienda, la salud o el trabajo. Muchas veces las leyes reconocen estos derechos, pero los trámites, la falta de recursos y la desigualdad impiden que se cumplan en la práctica.
Por todo esto, la democracia moderna sigue siendo un sistema en construcción. No basta con tener elecciones o leyes bien escritas: hace falta que las instituciones sean transparentes, que los medios sean libres y que el Estado garantice de verdad los derechos de todos. Solo así la democracia puede funcionar al servicio de la sociedad y no de unos pocos.
La democracia moderna promete igualdad de derechos y oportunidades, pero en la realidad esa igualdad muchas veces depende del dinero que cada persona tiene. Los ciudadanos con más recursos económicos pueden acceder más fácilmente a servicios y derechos que, en teoría, deberían estar al alcance de todos.
Por ejemplo, la educación universitaria suele ser costosa, y aunque existan universidades públicas, muchos jóvenes no pueden cubrir los gastos de transporte, materiales o manutención. Así, quienes tienen más dinero pueden estudiar en mejores centros, acceder a contactos y obtener empleos más estables y mejor pagados. Lo mismo ocurre con el acceso a la justicia: acudir a un juzgado implica pagar abogados, tasas y trámites que muchas personas no pueden costear, por lo que sus derechos quedan en la práctica sin protección.
En cuanto a la vivienda, los altos precios, los requisitos de los bancos y la falta de políticas efectivas hacen que solo una parte de la población pueda acceder a un hogar digno. Mientras tanto, otros deben conformarse con alquileres precarios o vivir en condiciones inadecuadas.
En resumen, aunque la democracia proclama que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, en la práctica el poder económico marca la diferencia. Quienes tienen más recursos disfrutan de una verdadera libertad para elegir y participar, mientras que los sectores con menos ingresos enfrentan barreras que los excluyen de los beneficios que la democracia promete. Esto demuestra que la igualdad formal no basta: una sociedad democrática solo será justa cuando garantice las mismas oportunidades reales para todos, sin que el dinero determine quién puede ejercer sus derechos y quién no.
Por ejemplo, ¿qué importa elevar a la Constitución el mantenimiento de las pensiones, la sanidad y educación universal, la ayuda a la dependencia, el derecho a un trabajo y una vivienda dignas, la igualdad de oportunides… si no hay dinero para mantenerlo.
Y algo que a mí me tiene fascinado: ¿por qué votamos listas cerradas que ha confeccionado otro? Yo le votaría al tío Juan si de presentará para alcalde, pero él no quiere ir medrando en ningún partido político. Por otra parte, partir del segundo o tercer de la lista yo ya no conozco a nadie.
Y creo que me dejan decir lo que quiera e ir donde quiera y con quien quiera porque se entera cuatro gatos.