Tengo que estar en desacuerdo con usted, la eficiencia en el gasto es necesaria, pero no suficiente, intentaré explicarme.
Los impuestos son un eterno juego de legitimidad, “le retiro a usted una parte de su producción a cambio de una serie de servicios que lo compensen”, y hasta cierto punto podría incluso ser óptimo por la escalabilidad (p.e. servicios mancomunados de seguridad ciudadana). El problema radica en que, conforme algunos servicios en los que se fundamenta la Sociedad Civil se van cubriendo (seguridad personal, arbitraje judicial,…) entran otros aparentemente “muy básicos y con legitimidad” que no lo son, dando lugar a que la enajenación patrimonial sobre el individuo se expanda, contrayendo su libertad económica (vamos por la mitad del fruto de nuestro trabajo).
Por pasarlo a tiempo y que se pueda entender mejor mi posicionamiento, imagine que el recurso que le enajena la Adm. Pública es tiempo en lugar de dinero, y ese tiempo lo emplease en actividades que le reportan a usted beneficio contrastable. Se vería como legítimo, y por tanto justificado, que la Adm. le forzase a dormir 7h diarias, a realizar 1h de promedio de ejercicio diario, a dedicar 1,5h a elaborar comida para no consumir alimentos procesados de forma excesiva, a realizar al menos 30 minutos de lectura y dedicar otros 30 a la meditación o mindfulness…
Todo ésto llevaría a que la Adm. dispusiese de un alto porcentaje de su tiempo a voluntad siempre que fuesen acompañado de una justificación “por su bien”, algo que es extremadamente flexible. ¿Hasta qué nivel de enajenación de tiempo sería entendible?
Con el dinero ocurre lo mismo, no es legítimo que la Adm. expanda sus competencias a costa de extraer más renta a sus ciudadanos, por más que se alcancen altas cotas de eficiencia y las contrapartidas sean “por nuestro bien”. Tampoco hay un nivel óptimo de porcentaje, puede que para mí más de un 10% agregado no tenga legitimidad, y para otra persona sea justificable un 75% (seguramente esa persona no esté en éste foro) y es por ello que debería existir un “máximo de común acuerdo” como compromiso intermedio, que permita cubrir algunos servicios inherentes a la sociedad y su convivencia, y que como contrapunto garanticen el máximo grado de libertad económica.
Es por ello que la Ley de PGE me parece uno de los mayores Caballos de Troya de la Adm. Pública. Su pilar debería ser “El presupuesto total no puede exceder el 33% del PIB del ejercicio precedente” y por contra, se trata de una ley que habilita al que gasta decidir cuánto quiere gastar para, a posteriori, buscar los mecanismos impositivos o financieros que posibiliten ese gasto.