Me disculparán la chapa, necesariamente en off-topic, pero dado que no quiero acabar como la rana en el agua que se va calentando poco a poco, he decidido escribir algo, intentando ser lo más objetivo posible dentro de mi subjetividad y mis sesgos, validando fuentes y seguramente dejando muchas cosas fuera.
El Camino hacia el Autoritarismo Competitivo en España
Lo que viene después de la erosión democrática
El mandato de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España ha generado preocupaciones sobre la resiliencia democrática del país. Aunque inicialmente se presentó como un reformista progresista, su administración ha sido acusada de centralizar el poder, debilitar los controles institucionales y priorizar la lealtad partidista sobre las normas democráticas. Algunos observadores advierten que España podría estar deslizándose hacia una forma de autoritarismo competitivo: un sistema en el que las instituciones democráticas siguen existiendo, pero son socavadas sistemáticamente en favor del partido gobernante.
El retroceso democrático en España no es tan drástico como el colapso de la democracia en países como Hungría o Turquía, pero existen señales de advertencia. Según el informe Freedom in the World 2024 de Freedom House, España sigue clasificada como “Libre”, aunque persisten preocupaciones sobre la polarización política y la independencia judicial (Freedom House, 2024).
El debilitamiento de los controles y equilibrios
Una de las principales preocupaciones bajo el gobierno de Sánchez ha sido el debilitamiento progresivo del sistema de controles y equilibrios en España. El marco constitucional, diseñado para evitar la concentración de poder, se ha visto tensionado a medida que su administración ha buscado consolidar el control sobre instituciones clave.
Uno de los temas más controvertidos es la supuesta politización del poder judicial. El gobierno ha sido acusado de intentar influir en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano encargado de supervisar los tribunales en España. El estancamiento político entre el PSOE y el PP impidió su renovación desde 2018, lo prolongando su período interino innecesariamente hasta que intervino la Unión Europea (Wikipedia, 2024), que había expresado su preocupación por la politización del poder judicial en España. La Comisión Europea, en su Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, recomendó una reforma del proceso de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los jueces elijan a sus representantes, alineándose con los estándares europeos. En respuesta, en junio de 2024, el PSOE y el PP alcanzaron un acuerdo, con la mediación de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, para renovar el CGPJ y reforzar su independencia (elderecho.com)
Asimismo, ha habido críticas sobre el nombramiento de fiscales en cargos clave, con acusaciones de favorecer perfiles afines al Ejecutivo. En particular, la designación en su día de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado generó una intensa polémica, al considerarse que podía comprometer la independencia del Ministerio Fiscal.
En relación con la polémica en torno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su nombramiento en agosto de 2022 generó críticas debido a su estrecha relación con su predecesora, Dolores Delgado, exministra de Justicia. Esta cercanía suscitó dudas sobre la independencia de la Fiscalía respecto al Gobierno (lavanguardia.com)
Más recientemente, en octubre de 2024, el Tribunal Supremo abrió una causa contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, relacionado con la filtración de información sobre una investigación por fraude fiscal que implicaba a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (poderjudicial.es)
Durante la investigación, se descubrió que García Ortiz había borrado todos los mensajes de su teléfono móvil el mismo día en que se inició la causa en su contra, lo que generó sospechas sobre una posible destrucción de pruebas (huffingtonpost.es)
Estas controversias han llevado a que un tercio de los fiscales de sala soliciten su dimisión, argumentando que su permanencia en el cargo podría dañar la imagen y el prestigio del Ministerio Fiscal (cadenaser.com)
Además, figuras destacadas como el expresidente del Gobierno, Felipe González, han opinado que García Ortiz debería dimitir para proteger la integridad de la institución (huffingtonpost.es)
En el contexto de la supuesta politización del poder judicial en España, se han señalado tensiones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el sistema judicial. Por ejemplo, en junio de 2024, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitó “contención” al presidente Sánchez tras sus críticas al juez que investigaba a su esposa, Begoña Gómez, argumentando que tales comentarios podían contribuir al “deterioro de las instituciones y de la independencia judicial” (elpais.com)
Además, en febrero de 2025, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, apeló a un esfuerzo conjunto de todos los poderes del Estado para abordar el “descrédito” del Poder Judicial, sugiriendo que las acciones y declaraciones de los actores políticos pueden influir en la percepción pública de la justicia (cadenaser.com)
Estas situaciones reflejan una relación tensa entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, con acusaciones mutuas que podrían afectar la confianza pública en las instituciones democráticas.
Organizaciones como la Fundación Hay Derecho han alertado a la Comisión Europea sobre la “grave politización” del Tribunal Constitucional, señalando que la designación de magistrados con vínculos políticos previos podría comprometer su independencia (abc.es)
Estas intervenciones reflejan la preocupación tanto a nivel nacional como europeo por garantizar la separación de poderes y la independencia judicial en España.
Además, la dependencia de Sánchez de los partidos regionales para asegurar su mayoría parlamentaria ha generado acusaciones de clientelismo. Los acuerdos con partidos independentistas catalanes, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (Junts), han suscitado críticas sobre la influencia de los pactos políticos en la toma de decisiones gubernamentales (Brookings, 2024).
La instrumentalización del Estado
Sánchez también ha sido acusado de utilizar los recursos del Estado para consolidar el poder y debilitar a sus adversarios. Una de las áreas de preocupación es su influencia sobre los medios de comunicación públicos. Un reciente decreto modificó los requisitos parlamentarios para la designación de la junta directiva de RTVE, con el objetivo de desbloquear el proceso de nombramientos. Sin embargo, algunos críticos argumentan que esto ha permitido una mayor influencia gubernamental sobre el ente público (El País, 2024).
Además, la oposición ha denunciado que el gobierno de Sánchez ha utilizado organismos reguladores y fiscales para investigar a figuras opositoras y medios críticos. Sin embargo, no existen pruebas sustanciales de que estas investigaciones sean motivadas políticamente, lo que convierte estas acusaciones en afirmaciones no verificadas.
El papel de la polarización
La polarización política en España se ha intensificado bajo el gobierno de Sánchez. Si bien la competencia ideológica es un rasgo normal en las democracias, la división extrema entre el PSOE y la oposición conservadora ha creado un ambiente político tóxico donde se ignoran cada vez más las normas democráticas.
Sánchez ha sido acusado de emplear una retórica divisiva para deslegitimar a sus opositores, retratándolos como amenazas para la estabilidad de España. Al mismo tiempo, la oposición ha contribuido a la erosión de las normas democráticas al cuestionar repetidamente la legitimidad del gobierno de Sánchez y obstaculizar procesos institucionales (Wikipedia, 2023).
El riesgo del autoritarismo competitivo
Aunque España no parece encaminada hacia una dictadura bajo el mandato de Sánchez, el riesgo de evolucionar hacia un sistema de autoritarismo competitivo es real. En estos sistemas, las instituciones democráticas siguen existiendo, pero se manipulan para favorecer al partido en el poder, mediante la influencia sobre el poder judicial, la restricción del disenso y el uso de recursos estatales para consolidar el poder.
El gobierno de Sánchez ha mostrado disposición a modificar reglas institucionales en su beneficio, y el debilitamiento de los controles y equilibrios ha creado un entorno donde el PSOE enfrenta menos restricciones. Si estas tendencias continúan, España podría seguir los pasos de países como Hungría y Turquía, donde la democracia es meramente nominal.
El papel de la sociedad civil
Un factor crucial para el futuro de España es la fortaleza de su sociedad civil. En muchos regímenes autoritarios competitivos, la sociedad civil actúa como un contrapeso frente a la erosión democrática, movilizando la oposición y exigiendo rendición de cuentas a los líderes.
Las sociedad civil en España se enfrenta a importantes retos debido a medidas legales y regulatorias que afectan la libertad de prensa y el derecho a la protesta. La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, conocida como “Ley Mordaza”, ha sido criticada por organizaciones como Amnistía Internacional por restringir de manera desproporcionada estos derechos fundamentales. (amnesty.org)
Además, se han reportado casos de acoso legal contra periodistas y activistas mediante demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs), que buscan silenciar voces críticas. La Unión Europea ha reconocido este problema y ha avanzado en la aprobación de una ley para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos de estas demandas abusivas. (elpais.com)
El 11 de abril de 2024, se adoptó la Directiva (UE) 2024/1069, que establece salvaguardias para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos frente a procedimientos judiciales abusivos. Esta directiva entró en vigor el 3 de mayo de 2024, y los Estados miembros tienen hasta el 7 de mayo de 2026 para transponerla a sus legislaciones nacionales (commission.europa.eu)
Si las restricciones persisten, existe el riesgo de que la sociedad civil en España se debilite, dificultando su capacidad para resistir una mayor erosión democrática.
Conclusión: Un equilibrio precario
España sigue siendo una democracia, pero las tendencias bajo el gobierno de Sánchez son preocupantes. El debilitamiento de los controles y equilibrios, la instrumentalización de los recursos estatales y la creciente polarización han generado una situación en la que las normas democráticas están en riesgo.
Los próximos años serán determinantes para la salud democrática de España. Si el gobierno de Sánchez sigue socavando las instituciones, el país podría deslizarse hacia el autoritarismo competitivo. Sin embargo, si la sociedad civil y las fuerzas de oposición logran movilizarse con eficacia, las normas democráticas podrían mantenerse.
Por ahora, España sigue siendo una democracia, pero las fisuras son evidentes. Queda por ver si podrá resistir la presión de la polarización y la consolidación del poder.
claro, la interpretación correcta y verdad completa es que el PSOE no ha querido ceder, a pesar de la esencia de los acuerdos alcanzados durante las décadas anteriores.