Actualización, 16 de octubre: localizado el 50/50 en el documento de Vox Bienestar para todos, de abril de 2019, página 46 (47 del PDF). Queda resuelta la búsqueda del antecedente documental. Esto no acredita por sí solo que esa distribución siga siendo su propuesta actual.
Fuente original en la web de Vox.
Con las pensiones nos pasa una cosa curiosa, y es que somos capaces de enzarzarnos en discusiones interminables sobre las consecuencias de una reforma sin haber aclarado previamente en qué consiste exactamente la reforma que estamos discutiendo. Lo cual, tratándose de un asunto que afecta a varias generaciones y a una parte nada desdeñable de nuestra riqueza, tiene su mérito.
El último ejemplo lo tenemos en un vídeo de Malas Lenguas, donde se atribuye a Vox una propuesta bastante concreta: destinar el 50% de las cotizaciones a una cuenta personal de capitalización y mantener el otro 50% en el sistema de reparto.
La cifra aparece, efectivamente, en la información de RTVE, pero cuando uno escucha el fragmento de José María Figaredo incluido en el vídeo, lo que oye es algo bastante menos preciso: «una parte de reparto y una parte de capitalización».
Por su parte, el programa económico de Vox habla de capitalizar un fondo público, avanzar hacia un sistema mixto «similar a Suecia» y favorecer fiscalmente el ahorro para la jubilación. Todo ello perfectamente discutible, naturalmente, pero en el apartado examinado no aparece por ninguna parte el dichoso 50/50.
No seré yo quien ponga la mano en el fuego asegurando que Vox nunca ha mencionado semejante porcentaje, porque bien pudiera haberlo hecho en alguna otra intervención que no he logrado encontrar. Lo que sí me parece razonable es pedir que, si vamos a discutir las consecuencias económicas de una propuesta tan específica, podamos empezar por identificar dónde se ha formulado.
Y ya puestos, convendría aclarar también qué significa exactamente eso de adoptar el modelo sueco, que últimamente parece haberse convertido en una especie de denominación de origen con la que conferir respetabilidad a cualquier reforma de las pensiones.
Según explica la Agencia Sueca de Pensiones, el 18,5% de la renta pensionable se destina a la pensión pública nacional, de la que 16 puntos corresponden al componente de ingresos y los otros 2,5 a la denominada premium pension. Hablamos, por tanto, de una distribución aproximada del 86,5/13,5 entre ambos componentes, y eso sin entrar en las pensiones ocupacionales y el ahorro personal, que también forman parte del sistema sueco.
De modo que invocar a Suecia, aun siendo perfectamente legítimo como referencia, nos dice bastante poco sobre qué porcentaje deberíamos capitalizar en España y, menos todavía, sobre cómo financiar semejante transformación.
Porque aquí llegamos a un asunto que, curiosamente, suele recibir bastante menos atención ¿quién paga las pensiones durante la transición?
Recordemos que en nuestro sistema las cotizaciones de los trabajadores actuales sirven para financiar las prestaciones de los jubilados actuales. Si decidimos desviar una parte de esos ingresos hacia cuentas de capitalización, tendremos que encontrar alguna forma de seguir cumpliendo con las obligaciones existentes, y ese es precisamente el conocido problema del coste de transición, ampliamente tratado, entre otros, por el Banco Mundial.
Ahora bien, tampoco conviene precipitarse y dar por supuesto que cualquier sistema mixto exige necesariamente detraer cotizaciones del reparto. Capitalizar un fondo público puede significar cosas bastante distintas, dependiendo de si lo financiamos con cotizaciones existentes, aportaciones adicionales, impuestos, activos públicos, futuros superávits o, por qué no decirlo, más deuda. Y cada alternativa tiene consecuencias económicas y distributivas diferentes, algunas de las cuales pueden resultar bastante menos atractivas cuando se pasa de la declaración de intenciones a la hoja de cálculo.
Tampoco sabemos si estaríamos hablando de cuentas individuales cuyos activos pertenecen a los cotizantes o de un fondo colectivo de titularidad pública, quién decidiría las inversiones, qué comisiones se soportarían, qué garantías existirían, si es que existiera alguna, o cómo afectaría el cambio a quienes tienen salarios bajos o carreras laborales intermitentes.
Y fíjense que todas estas cuestiones son bastante importantes, porque de sus respuestas dependerán tanto el coste fiscal de la reforma como la distribución de riesgos entre trabajadores, pensionistas y contribuyentes. El calendario de implantación, por cierto, tampoco sería precisamente un detalle menor.
Personalmente, no tengo ningún inconveniente de principio con que se estudien alternativas al sistema actual, incluyendo fórmulas de capitalización que permitan a los trabajadores acumular patrimonio para su jubilación. De hecho, me parece que habría bastante que discutir sobre las ventajas e inconvenientes de los distintos modelos, especialmente a la vista de nuestros problemas demográficos y fiscales. Pero para poder hacer ese ejercicio con un mínimo de rigor necesitamos conocer las reglas del juego.
Así que, si alguien dispone de la fuente original en la que se formula expresamente ese 50/50, bienvenida sea. Y si además tenemos una descripción de cómo se financiaría la transición, qué derechos adquirirían los trabajadores y bajo qué hipótesis económicas se ha calculado su viabilidad, mejor todavía.
Porque entonces podremos hacer algo que echo bastante de menos en nuestros debates sobre política económica: poner números, examinar los supuestos y discutir las consecuencias, en lugar de acabar defendiendo o atacando una reforma distinta según quién sea el encargado de explicárnosla.
¿No les parece que ese debería ser el mínimo exigible a cualquier partido que pretenda acometer una reforma de esta envergadura?